Por: Gerardo Jair Jaime González
Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2021 se han registrado, al menos, 1415 policías asesinados en nuestro país. En 2020 se registraron 524 casos y en 2021 fueron registrados en medios de comunicación 401 casos de policías asesinados. Esto significa que al día en promedio morían 1.08 policías en sólo el 2021; los estados que más policías asesinados tuvieron el año pasado fueron: Guanajuato con 54, Estado de México con 47, Zacatecas con 36, Veracruz con 30 y Chihuahua con 27 casos.
Comparativamente en 2021 hubo una disminución en la mortandad de agentes policiales, esta reducción es de 123 agentes menos en comparación con el 2020. El año pasado el promedio de policías asesinados por día era de 1.42 y las entidades que lideraban esa estadística eran Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Guerrero y Chihuahua. Los estados donde ocurrieron los eventos delictivos son prácticamente los mismos en los últimos años, sólo con la incorporación de Zacatecas en los primeros lugares.
Lamentablemente, por tercer año consecutivo Guanajuato ocupa el primer lugar: en 2019 perdieron la vida 51 elementos en cumplimiento de su deber y en 2020 fueron 84 casos documentados en ese estado. Esto claramente muestra que la policía es rebasada en sus mecanismos de salvaguarda y ha provocado que varios elementos huyan de su estado para salvaguardar su integridad y la de su familia.
Por esta razón el 17 de mayo de 2021, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mediante un decreto, sentó las bases para otorgar medidas de seguridad con el objetivo de salvaguardar la integridad de aquellos policías que se consideren en grave riesgo con motivo de sus actividades profesionales.
Este decreto, aunque representa un buen comienzo, es sólo una parte de la solución, ya que esta disposición no sólo muestra que se ha llegado a un punto crítico en la escalada de violencia, sino que ya no hay garantías para las fuerzas del orden y sus familias.
Existen indicios claros de desplazamiento forzado de policías, quienes han tenido que huir ante las amenazas de la delincuencia organizada para salvaguardar su integridad, esto ante el alto grado de probabilidad de que esas amenazas se materialicen y pongan en riesgo su vida, libertad, integridad física o su patrimonio, así como el de sus familiares. Esta medida que podría considerarse inmediata no garantiza no ser localizables por lo grupos delincuenciales.
El objeto del decreto consiste en establecer medidas de seguridad y protección a los elementos de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y a los policías custodios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, frente a amenazas constatables o ataques directos de algún grupo del crimen organizado, con motivo del cumplimiento de su deber.
Para dichos efectos se entiende por amenazas constatables aquellas que realicen los grupos criminales con el propósito de intimidar a los policías en su persona o bienes jurídicos. Un ataque directo es la conducta para causar lesiones, privar de la vida o la libertad, así como afectar el patrimonio.
Como se puede leer en el documento, es una medida universal para elementos de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y los policías custodios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, unidades administrativas adscritas y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
En los primeros 3 meses de marzo, en Guanajuato habían asesinado a cuanto menos 4 policías estatales, de los cuales a 3 habían sustraído de sus domicilios en días de descanso. Hasta el día de hoy, esos casos no han sido aislados, ya que integrantes de la delincuencia organizada se han presentado en los domicilios de los elementos policiales, lo que evidentemente constituye una amenaza y un riesgo, no sólo para los oficiales, sino también para sus familiares y cohabitantes.
Por esa razón en el decreto firmado por el gobernador, se autoriza a la Secretaría de Finanzas para que se ponga a disposición los recursos necesarios para pagar los gastos a policías que hayan sido objetos de amenazas.
Para destinar adecuadamente los fondos se constituirá una Comisión Dictaminadora encargada de analizar el nivel de peligrosidad de manera particular y verificar si procede el apoyo, por cuánto tiempo y bajo qué modalidad.
El organismo estará conformado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de las Fuerzas de Seguridad y de la Dirección de Sistema Penitenciario, así como un representante de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Cabe mencionar que Guanajuato es el estado pionero en establecer un mecanismo de seguridad para sus elementos policiales. Este ejemplo debe ser seguido por las demás entidades federativas y mejorarse para garantizar la seguridad de los policías y sus familiares.
Bibliografía y legislación consultada.
- Registro de Policías asesinados 2021. Causa en Común. Consultado el 02 de febrero de 2022. Disponible en: http://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados-2021/
- Decreto Gubernativo Número 89. Publicado en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato del 17 de mayo de 2021. Consultado el 02 de febrero de 2022. Disponible en: http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2021&file=PO_97_2da_Parte_20210517.pdf
