PROBLEMÁTICA SOCIAL, PSICOLÓGICA Y JURÍDICA DE LA ADOPCIÓN HOMOPARENTAL EN EL ESTADO DE MORELOS

Lic. Sergio Carlos Benítez Hernández
Alumno de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo

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PROBLEMÁTICA SOCIAL, PSICOLÓGICA Y JURÍDICA DE LA ADOPCIÓN HOMOPARENTAL EN EL ESTADO DE MORELOS

La sociedad actual está transitando una ruptura epistemológica en el avance del conocimiento del derecho familiar que busca ampliar, revaluar y analizar las nuevas perspectivas y paradigmas de las formas en que se interrelacionan las personas y forman una comunidad de vida; en el presente artículo se abordará el concepto de familia, su variante de composición homoparental y la necesidad de proceder a adopciones homoparentales como una respuesta a las necesidades de los infantes albergados por el Estado de Morelos.

El concepto de familia conformado por el grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, ha sido rebasado por los cambios sociales. En la actualidad la característica que mejor define a la familia es la diversidad, puesto que no tiene un significado único, esencial y estático. Las personas son plurales y diversas, formando familias variadas. Desde esta perspectiva la familia se ha adaptado a las necesidades cambiantes de la sociedad. Así, al hablar de familia en la actualidad implicamos mucho más que padres heterosexuales con hijas e hijos biológicos. La estructura familiar ya no es única sino que se ha transformado. Las nuevas formas de convivencia han dejado de lado el concepto tradicional de familia, conformado por padre, madre, hijos e hijas.

Una de estas nuevas formas de familia es la homoparental, la cual se define como aquella en la que uno o los dos miembros de la pareja son homosexuales. Esta forma de estructura social ha comenzado a tener mucha más visibilidad en los últimos años debido a la mayor apertura social y leyes incluyentes como la del matrimonio igualitario.

El reconocimiento de las familias homoparentales tuvo una lucha constante, inició en el Estado de Coahuila en 2007, donde se avaló la unión bajo el Pacto Civil de Solidaridad. En el Distrito Federal, en 2009, se aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo que otorga a las uniones homosexuales los mismos derechos que a las heterosexuales. En Colima se aprobó la figura de “enlace conyugal” en 2013, que otorga los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio. Sin embargo, en el resto del país no hay normativa que regule estas realidades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, optó por ampliar el concepto de cónyuges para entender no sólo a las parejas heterosexuales, sino también a las del mismo sexo, permitiendo que no sólo los matrimonios conformados por un hombre y una mujer puedan adoptar, sino también los integrados por dos hombres o dos mujeres, al señalar que la protección constitucional de la familia no obedece a un modelo o estructura específico pues se trata de un concepto social y dinámico, teniendo sustento en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce el derecho a la protección de la familia, mismo que no se refiere o limita un tipo específico de familia con base en el que se pudiera afirmar que ésta se constituye exclusivamente por el matrimonio entre un hombre y una mujer. Toda vez que en un Estado democrático de derecho, en que el respeto a la pluralidad es parte de su esencia, debe entenderse protegida constitucionalmente la familia como realidad social, a efecto de cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho, con un padre o una madre e hijos, o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar incluyendo las homoparentales.

Sin embargo, este modelo de familia (homoparental) no goza todavía del reconocimiento social, despertando una clara desconfianza al plantear que las parejas homosexuales obtengan el derecho a educar y criar hijos e hijas, dando pauta a prejuicios sociales causados por la falta de información y la inadecuada educación propiciada por el Estado.

Ahora bien, de acuerdo a los resultados del Censo de alojamientos de Asistencia Social 2015, que tuvo como principal finalidad generar información estadística respecto de las condiciones de vida de la población que reside en alojamientos de asistencia social, se determinó la cantidad de población existente en los centros de refugio para infantes en el Estado de Morelos, obteniendo los siguientes datos:

Grupos quinquenales de edad Usuarias(os) residentes Sexo
Hombres Mujeres
Total 998 548 450
00-04 años 30 15 15
05-09 años 207 125 82
10-14 años 420 237 183
15-19 años 341 171 170

Denotando que en el año 2015, se encontraban 998 infantes en posibilidad de ser adoptados en el Estado de Morelos, advirtiéndose una problemática futura en relación a la sobrepoblación en esos centros asistenciales, lo que originará un ambiente poco profesional en los mismos, un alto costo-beneficio para el Estado y el destino de aumentos graduales de presupuesto para su atención; considerando que la solución tanto para la infraestructura estatal y del propios infantes que se encuentran en dicha situación, es la adopción, como un proceso en donde, atendiendo al interés superior de los infantes, se resuelva para mejorar su condición de vida, ya que desde la óptica social y cultural resulta poco viable mantener a niños, niñas y adolescentes en albergues hasta que alcancen su vida adulta, debido a que es poco factible su incorporación a la población económicamente activa y muchas veces son absorbidos por la delincuencia organizada como “halcones”; por tal motivo, una propuesta es efectuar procesos más agiles en las adopciones y específicamente en el tópico de estudio permitir la adopción homoparental sin prejuicios, como un derecho de los infantes en situación de alojamiento y de las parejas homoparentales a formar una familia, esto siempre en atención al interés superior de la infancia.

En torno a esta situación se han realizado múltiples investigaciones sobre la adopción por parejas homosexuales. En febrero del 2002, la Academia Americana de Pediatría publicó una declaración en apoyo a los homosexuales para adoptar, señalando que los infantes merecen la seguridad de dos progenitores legalmente reconocidos, puntualizando que un número suficiente de estudios sugiere que los hijos de padres homosexuales tienen las mismas ventajas y expectativas de salud, adaptación y desarrollo que los hijos heterosexuales.

Por otro lado, en una encuesta aplicada por iniciativa de un partido político mexicano, ocho de cada 10 mexicanos no aceptan la posibilidad de que parejas de homosexuales adopten niños en la Capital del país; esto es, se observa una falta total de sensibilización por parte de la sociedad mexicana a los nuevos paradigmas del concepto de familia, que de seguir así, se estaría coartando el derecho de los infantes albergados por el Estado a un desarrollo óptimo.

Además, el personal que realiza el proceso de adopción no ha recibido capacitación para el trabajo con estas “nuevas” realidades familiares, más allá de los posibles prejuicios personales. La consecuencia será que cada profesional brinde atención de acuerdo con sus creencias y valoraciones, sin contar con un programa o política de Estado que oriente y garantice una relación respetuosa y sensible a las necesidades específicas.

Lo anterior se refleja en el estudio que se efectuó en Chicago con 388 profesionales de la psicología con amplia experiencia en el ámbito de la adopción, pidiéndoles que evaluaran los expedientes de parejas heterosexuales, lesbianas y gays, todas ellas solicitantes de adopción y con perfiles idénticos. Se encontró que los profesionales de la psicología tendían a recomendar menos a las parejas gay y lesbianas a la hora de valorar la idoneidad de la adopción, a pesar de que estas parejas tenían las mismas condiciones de edad, género, clase social, religiosidad y escolaridad que las parejas heterosexuales evaluadas.

Es por ello, que no obstante que el máximo Tribunal Constitucional del país avaló la procedencia de las adopciones homoparentales la realidad social es diversa, pues la mayoría de las legislaciones de los estados no ha regulado la adopción homoparental. La sociedad aún tiene muchos perjuicios y el Estado ha omitido implementar políticas públicas que sensibilicen y garanticen el derecho de los infantes albergados a ser adoptados, y de las parejas homoparentales a formar una familia, lo que ha ocasionado que los centros asistenciales tengan un mayor número de infantes albergados.

Las soluciones que se proponen para implementar las adopciones homoparentales en el Estado de Morelos son:

  • Generar políticas públicas que busquen la reeducación de las generaciones para concientizar y lograr que las personas acepten y apoyen este tipo de adopciones.
  • Adoptar un modelo de educación sexual desde la educación básica que sea más incluyente, y que no sólo se centre en enseñar los aspectos biomédicos, fisiológicos y anatómicos, sino que enfoque su atención en los aspectos emocionales e interpersonales. De esta manera se tendría un panorama más acertado de las diferentes orientaciones sexuales y, por consiguiente, se lograría una mayor comprensión y aceptación hacia ellas.
  • Implementar cursos de capacitación para los servidores públicos que intervienen en el proceso de adopción, eliminando los prejuicios sociales, para brindar a las parejas homosexuales un plano de igualdad respecto las parejas heterosexuales que soliciten una adopción.
  • Incentivar el proceso legislativo para la regulación jurídica de la adopción homoparental, sin distinción entre parejas homosexuales y heterosexuales.

La intención es salvaguardar el derecho de las parejas homoparentales a formar una familia y de los infantes albergados por el Estado a tener condiciones dignas de vida; la forma particular de deliberar de cada persona, en temas tan delicados, debe dejarse a un lado, ya que ha sido demostrado en numerosos estudios que la adopción homoparental no representa para el infante riesgo alguno; entre más rápidas y eficaces sean implementadas las medidas antes mencionadas, nuestro Estado será más igualitario, no se busca con ello el cambio de percepción de la sociedad, sino el respeto a las nuevas formas de convivencia y condiciones de vida dignas para los infantes albergados por el Estado, lo que debe prevalecer ante formas de pensar particulares.