GOBIERNO DE COALICIÓN. HACIA UNA NUEVA REFORMA POLÍTICA

L.E. ROGELIO GUILLÉN HERNÁNDEZ
ALUMNO DE LA MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO

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Los gobiernos de coalición son una realidad en México pues la fragmentación del voto ha llevado a que las fuerzas políticas deban unirse para ganar elecciones en competencias que, en los últimos años, han sido bastante cerradas. En este trabajo se aborda en forma general el conflicto identificado en la formación de gobiernos de coalición, la reflexión sobre la afinidad requerida en la base ideológica de los partidos políticos para integrarlo y, la imperante necesidad de implementar una nueva reforma constitucional referente a cambiar el tipo de gobierno que nos rige actualmente.

Una de las problemáticas que ha venido enfrentando México en su vida “democrática”, y que se ha acentuado en la última década, es la falta de credibilidad y eficacia de los partidos políticos, de las promesas de campaña y  de los resultados poco evidentes para la sociedad; lo anterior, denota un ambiente de desconfianza aunado con otro elemento importante, la percepción de corrupción hacia los mismos.

De acuerdo a la investigación “El pacto por México: un intento de gobierno de coalición”,   como un esfuerzo para dar “credibilidad” al inicio de sexenio del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se realiza un pacto político para que las principales fuerzas políticas del país participarán en la elaboración de una agenda común de gobierno. Como resultado  y,  a pesar de las tensiones en las relaciones entre los legisladores y sus partidos, así como entre éstos y el Poder Ejecutivo, en menos de 18 meses se aprobaron reformas fundamentales para el desarrollo del país. Sin embargo, la ruptura del Pacto impidió concluir dicho proceso y, lo más grave, garantizar que su instrumentación se tradujera en mayor eficiencia y credibilidad en el gobierno y en beneficios concretos para la población.

En ese sentido, derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, se emitieron los decretos que expiden las leyes generales de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, así como las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, aunado a ello se introdujo un novedoso panorama en el modelo de gobierno: la optativa del Presidente de la República a formar un gobierno de coalición, que consecuentemente implica una sustancial modificación al régimen político del Estado Mexicano.

Este conjunto de ordenamientos jurídicos, modifica la relación entre Poderes y entre éstos y los ciudadanos en dos grandes aspectos:

a)  Se modernizan las instituciones del régimen político para fomentar un mayor equilibrio entre Poderes, facilitar el diálogo y los acuerdos, así como para consolidar una democracia de resultados.

b)  Se transforman las instituciones y las reglas de la competencia electoral para fortalecer la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre a los comicios tanto locales como federales.

La posibilidad en México de formar un gobierno de coalición está fundada en un derecho o facultad especifica que tiene el Presidente de la República establecido en el artículo 89 constitucional fracción XXVII que a la letra dice:

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.

Asimismo, en los artículos transitorios se establece que dicha facultad podrá ser ejercida por el Presidente de la República cuando se emita la Ley reglamentaria correspondiente.

En ese sentido se puede observar que todavía no hay una regulación plena de lo que sería un gobierno de coalición, pero ya existe legislación que abre la puerta para la existencia de gobiernos de coalición en el país.

En términos generales, se puede plantear que una coalición electoral puede conducir a una coalición de gobierno y ser acompañado de un pacto para una coalición legislativa. Es decir, un pacto se forma en dos sentidos: Primero en el convenio electoral que presupone una plataforma electoral común que es el núcleo de un programa de gobierno que debe cumplir con las regulaciones y requisitos de la ley. Segundo, el gobierno de coalición se funda en la celebración de acuerdos o pactos entre los partidos políticos para obtener posiciones en el gabinete presidencial.

Las coaliciones electorales es un derecho de los partidos, pero las coaliciones de gobierno se fundan en pactos, en acuerdos o convenios, que los coaligados están política y moralmente obligados a cumplir.

Un “Gobierno de coalición”  es el que se forma cuando un grupo parlamentario no tiene mayoría suficiente como para formar gobierno, por lo que se ve obligado a pactar con otro grupo, normalmente de ideología política afín, para formar un gobierno conjunto, es dable señalar que la problemática se centra, no en las coaliciones como en derecho de los partidos, sino en cuál es su motivación real para llevarlas a cabo y sobre todo que tan legítima y eficaz  puede ser para gobernar.

La falta de legitimidad y eficacia es un severo problema e incluye varios factores, uno de ellos es que la sociedad percibe que los gobiernos de coalición sólo buscan sumar el mayor número de votos para ganar una contienda; por una parte, el  partido minoritario aporta su fuerza a un partido con mayor poder político para darle el triunfo, con ello, este partido minoritario obtiene escaños en la estructura gubernamental y no desaparece, o cuando menos  sigue teniendo presencia; como lo menciona Elizondo Mayer-Serra quien se dice muy escéptico respecto a los gobiernos de coalición: “pues pueden romperse en cualquier momento y es necesario en lugar de ello, pensar en los mecanismos que están llevando a la fragmentación del voto mexicano”.

De continuar este esquema y esta motivación, la consecuencia será el descontento  y desaprobación social hacia el Ejecutivo, falta de gobernabilidad e incapacidad del mismo para transitar hacia los acuerdos que generen bienestar para el país.

Por tal razón, es necesario implementar una reforma constitucional enfocada a modificar el tipo de gobierno que nos rige actualmente, que  garantice legitimidad y eficacia en un gobierno de coalición a nivel Ejecutivo, con una agenda definida que atienda las necesidades sociales que aquejan desde hace muchos años al país, y que el gobierno de coalición comparta una ideología afín con los actores coaligados.